EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA APROBÓ AYER UN DECRETO-LEY CON MEDIDAS URGENTES PARA EL MANTENIMIENTO DE DETERMINADOS SECTORES ECONÓMICOS, SE TRATA DE AYUDAS DIRIGIDAS A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS MÁS AFECTADOS POR LA CRISIS SANITARIA DEL CORONAVIRUS

18/11/2020. 42 lecturas.
Según recoge el BOJA, el boletín oficial de la Junta de Andalucía, se aprueba como medida extraordinaria una línea de subvenciones para determinadas personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas afectadas por la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. De esta forma se ha aprobado una ayuda a tanto alzado de 1.000 euros que podrán solicitar personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que desarrollan su actividad en los sectores de la hostelería, el comercio, servicio de peluquería, transporte por taxi y feriantes.

También están incluidos, dentro de los sectores de hostelería, comercio y transporte por taxi, los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial de la Seguridad Social; los comuneros de las comunidades de bienes. Se excluye, en cambio, a aquellos autónomos que ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad mercantil capitalista, a título lucrativo y de forma habitual, cuando posean el control efectivo, directo o indirecto de esta sociedad.

Esta medida de la Junta, que cuenta con 80 millones de presupuesto y prevé beneficiar a 80.000 trabajadores por cuenta propia, se tramitará con un sistema administrativo ágil que permite resolver en dos meses las solicitudes que presenten los beneficiarios, lo que facilitará que los primeros pagos se realicen en el arranque del próximo año, según ha informado la Junta.

Tal como establece el decreto, la ayuda tiene como objetivo paliar los efectos del impacto económico negativo que ha causado la crisis sanitaria y las medidas que se han acordado por la declaración del estado de alarma, de cara a ayudar a sostener la continuidad de sus negocios, y evitar el cese definitivo y la destrucción de empleo.
Para ser beneficiarios de estas ayudas, se establece como requisito ser trabajador por cuenta propia o autónomo con domicilio fiscal en Andalucía, con alta en el régimen especial de la Seguridad Social a fecha de 14 de marzo de este año, y se exige que aún mantengan esta alta hasta el día de inicio del plazo de presentación de solicitudes de la ayuda.

Para la tramitación de las solicitudes, el decreto establece que solo se podrá realizar de forma telemática y se ha establecido un procedimiento ágil a través de declaraciones responsables de cumplimiento de los requisitos establecidos, y un plazo máximo de dos meses para resolver la resolución. Este sistema permitirá automatizar muchos procesos de revisión, experiencia que se ha llevado a cabo con éxito en la gestión de la ayuda de 300 euros destinada a los autónomos, y que ha permitido llegar a realizar comprobaciones de casi 2.500 expedientes al día y un ahorro de 65.000 horas.

Se fija el pago del 100% de la ayuda al beneficiario a través de transferencia a su cuenta bancaria. El plazo para presentar las solicitudes será de 10 días naturales a contar desde la publicación en BOJA del extracto de la convocatoria de la línea de ayudas, y esta subvención es compatible con el resto de ayudas que recibe el colectivo, salvo que por el mismo concepto reciban ya una ayuda superior a la fijada de 1.000 euros.
Esta medida se suma a otras que forman parte del Plan de apoyo a pymes y autónomos, como la ampliación hasta 25,2 millones de euros del presupuesto destinado a las ayudas al alquiler de 1.200 euros con carácter general, y 4.000 para ocio nocturno e infantil, lo que permitirá llegar con esta medida a unos 16.000 trabajadores por cuenta propia. La ampliación de la línea de avales de garantía para pymes y autónomos; ayudas para la digitalización; para el sector cultural y de espectáculos públicos; o incentivos destinados a la reducción de alquileres, son otras actuaciones incluidas en el plan.